SENADO APRUEBA Y REMITE AL EJECUTIVO REFORMA QUE PASA GN A SEDENA |

El Senado de la República remitió al Ejecutivo Federal la reforma que traslada el control operativo, administrativo y financiero de la Guardia Nacional (GN) al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional(Sedena), luego de su aval por el pleno legislativo en lo particular por 69 votos a favor, 50 en contra y 2 abstenciones.

Después de casi 14 horas de debate y con el respaldo de Morena y sus aliados, así como la abstención del coordinador de esa bancada, Ricardo Monreal, se avaló la reforma presidencial que modifica a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley de la Guardia Nacional, a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y a la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Estos cambios otorgan a la Secretaría de la Defensa Nacional la facultad de “ejercer el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional, conforme a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública”.

Conceden al secretario de la Defensa el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional en funciones de seguridad pública y cuando el presidente de la República disponga su intervención en auxilio de la fuerza armada permanente. El personal militar puede efectuar “operaciones de apoyo a las instituciones de seguridad pública” y homologar al personal de la Guardia Nacional su tiempo de servicio en esta corporación como tiempo de servicio en el Ejército y unidades de vuelo.

Oposición impugnará

La oposición se pronunció en contra de la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador de militarizar al país y anunció la interposición de una acción de inconstitucionalidad para impugnar esta reforma.

En tribuna, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, expuso que “los pares del presidente López Obrador no serán ni Juárez, ni Cárdenas, sino Echeverría y Díaz Ordaz” y agregó que el Presidente pretende ocultar el fracaso de su estrategia de seguridad.

La Guardia Nacional podrá prestar servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones de dependencias y entidades de la administración pública federal, así como de los poderes Legislativo y Judicial, organismos autónomos y demás instituciones públicas que así lo soliciten.

El decreto se envió al titular del Poder Ejecutivo Federal para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación.