Hoy se declara constitucional la prisión preventiva oficiosa |

Este martes, la Cámara de Diputados y el Senado emitirán las declaratorias de constitucionalidad respectivas de la reforma al Artículo 19 de la Carta Magna que amplía el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa.

El proceso legislativo de esta reforma termina con su aprobación en 17 congresos estatales, por lo que se turnará para ser publicado en el Diario Oficial de la Federación y su entrada en vigor.

Las legislaturas locales aprobaron la reforma con urgencia, ya que esa reforma fue aprobada en el Senado cerca de la medianoche del miércoles pasado y a partir del jueves los congresos estatales sesionaron de forma acelerada, y este fin de semana se reunió ya la mitad más uno requerida.

Opinión

Precisamente sobre la aprobación de la prisión preventiva oficiosa en 17 congresos estatales, el abogado constitucionalista Ezequiel Ramírez Gómez resaltó que marca un paso crucial en el proceso para reformar la Constitución.

Esto significa que la propuesta ahora está lista para ser promulgada y publicada, lo que la integrará oficialmente en el marco legal del país. Sin embargo, este cambio no pasa desapercibido; más allá del trámite legislativo, lo que verdaderamente está en juego es la tensión entre la búsqueda de seguridad y la protección de derechos humanos.

Por un lado, mencionó, quienes defienden esta figura argumentan que es una herramienta necesaria para enfrentar la delincuencia y garantizar que ciertos delitos graves no queden impunes por riesgos de fuga o manipulación de pruebas.

En un contexto donde la percepción de inseguridad está en su punto más alto, parece una respuesta lógica para proteger a las víctimas y fortalecer el sistema de justicia. Desde esa óptica es entendible que muchas personas vean esto como un triunfo contra la impunidad y un intento por ordenar un país que a veces parece ingobernable.

Sin embargo, agregó el abogado, también es cierto que esta medida no llega sin sombras, puesto que los órganos internacionales de derechos humanos, como la Corte Interamericana y el Comité de Derechos Humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), han advertido que laprisión preventiva oficiosa va en contra de principios fundamentales como la presunción de inocencia y el derecho a la libertad.

Obligar a alguien a permanecer en prisión sin un análisis individualizado de su caso no solo es injusto, sino que puede derivar en abusos, especialmente en un sistema judicial que históricamente ha mostrado fallas estructurales y desigualdades profundas, explicó.

Riesgo

Ramírez Gómez añadió que este cambio, que muchos celebran como un acto de justicia, también corre el riesgo de convertirse en un arma de doble filo.

“Si bien busca proteger a la sociedad, también puede terminar lastimándola, sobre todo cuando los más vulnerables son los que suelen cargar con el peso de las decisiones mal implementadas. En un Estado donde la cárcel no siempre es sinónimo de justicia, sino muchas veces de castigo desproporcionado o corrupción, esta reforma deja dudas sobre si realmente se está atacando el problema de raíz”.

Lo positivo de este avance, añadió, podría ser que, al menos en teoría, se busca garantizar un sistema más firme frente a delitos graves. Pero lo negativo es que refuerza una narrativa punitiva que no siempre es efectiva y que, sobre todo, ignora las recomendaciones internacionales.

No se aplica

Por su parte, Alfredo Morales, también experto en derecho constitucional y penal, resaltó que aunque el Estado mexicano no ha acatado como tal la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto a la prisión preventiva oficiosa, “los jueces y los magistrados federales sostienen y hay jurisprudencias, donde mantienen en criterios de la Corte Interamericana es correcto, por eso, a pesar de que no se ha hecho esa modificación y no se ha quitado de la Constitución, al contrario, se está reforzando, actualmente, todos los magistrados tienen esos criterios y no la aplican”.

Explicó que en el fuero común es constante que los jueces penales, a la hora de resolver sobre prisión preventiva oficiosa, donde algunos Ministerios Públicos la siguen pidiendo, ellos resaltan la sentencia interamericana y argumentan que es inconvencional, por ser violatoria de derechos fundamentales y finalmente no la aplica. “Existe en las leyes, pero no se aplica”, insistió.

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